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Este trabajo de investigación constituye un análisis jurídico-crítico disruptivo y de vanguardia sobre el diseño institucional ecuatoriano, enfocado en evaluar cómo el principio de juridicidad opera no solo como un límite formal al poder, sino como el motor fundamental para garantizar la eficiencia y la transparencia en la administración pública. A través de un riguroso enfoque mixto que entrelaza la revisión documental de la Constitución, el Código Orgánico Administrativo (COA) y la LOSEP, junto con el análisis empírico de las percepciones de jueces y litigantes especializados, la obra desmantela las problemáticas estructurales que asfixian al aparato estatal: la superposición normativa, la burocracia excesiva y las alarmantes brechas de capacitación técnica en los servidores públicos. Más allá del diagnóstico, el estudio se posiciona como una guía estratégica e indispensable que propone soluciones concretas mediante la modernización digital, la innovación regulatoria y el derecho comparado con modelos exitosos de España y México, demostrando que la estricta observancia del bloque de legalidad es la única vía viable para combatir la corrupción, recuperar la confianza ciudadana y consolidar un verdadero Estado constitucional de derechos y justicia.