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En el amplísimo ámbito penitenciario en el cual la cifra de personas que cumplen una pena privativa de libertad se vio exponencialmente ampliada tanto por diversas políticas como por el aumento poblacional, surge la figura de los centros penitenciarios privados como alternativa contra el hacinamiento; entendiendo que la privatización supone la venta o transferencia de activos estatales a actores privados y los modelos para dicha construcción oscilan entre: diseño, construcción, financiación, operación y/o mantenimiento. Cabe destacar que ninguna de aquellas compañías encargadas de su edificación se presenta haciendo mención de su experiencia en la construcción de centros penitenciarios, obviamente tampoco hacen referencia alguna sobre valores o intereses en materia penitenciaria o la reinserción social. Simplemente logran realizar sus contratos, construyen los centros penitenciarios, cobran y retiran su dedicación. Los conceptos de reinserción social y salvaguarda de los Derechos Humanos son aspectos que para estas compañías es indiferente, el objetivo de reinserción social y la salvaguarda de los derechos humanos, no es de su interés, esto es un tema delicado. Una de las maneras de comprobar el cumplimiento de estos objetivos del sistema penitenciario es el estudio de la gestión administrativa; sin embargo, éste no se puede alcanzar por la existencia de la Cláusula de Secrecía en el Contrato de Servicios Penitenciarios Privados. El objetivo de esta investigación es comprobar la justificación de la existencia de la citada cláusula a la luz del cumplimento a los Derechos Humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales de los que México forma parte.